El amaño de partidos no es delito en Rumanía. Esa es la laguna que un proyecto de ley que ahora está en el Senado trata de cerrar, al incluir en el Código Penal la «manipulación de competiciones deportivas» con una pena de dos a ocho años, según informa Knews.media.

El promotor, el diputado de USR Brian Cristian, cuenta con 38 cofirmantes, procedentes en su mayoría de su propio partido y algunos del PNL y del PSD. Los fiscales encuadran actualmente los partidos amañados como fraude o corrupción, categorías que fueron redactadas para otra cosa y encajan a duras penas en el deporte.

En la exposición de motivos del proyecto, Cristian sostiene que la ausencia de un delito explícito dificulta a los jueces «delimitar el elemento material del delito; administrar pruebas específicas (apuestas, influencia en el resultado); y sancionar de forma coherente a todos los participantes en el mecanismo delictivo», según Golazo.ro.

Rechazado por una comisión, impulsado en otra

Una versión anterior, más leve, del proyecto, con penas de seis meses a cuatro años, fue tumbada por la Comisión Jurídica del Senado el 22 de octubre de 2026, pese a que otras dos comisiones la habían aprobado.

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Cristian acusó a la comisión de proteger, en sus palabras, «la mafia de las apuestas». Declaró a Golazo.ro que el Estado rumano ya no podía cerrar los ojos ante los partidos amañados y que el parlamento tenía que dar a los fiscales «las herramientas legales necesarias para frenar las redes criminales y mandar a los infractores a prisión, no convertirse en un escudo para quienes destruyen las competiciones deportivas».

La nueva versión, presentada en el Senado a finales de octubre con la horquilla más dura de dos a ocho años, recibe a veces el nombre de «Legea Antiblat 2». Todavía tiene que superar una votación en el pleno del Senado antes de pasar a la Cámara de Diputados, que tiene la última palabra.

Dos casos abiertos que planean sobre el debate

En febrero de 2026, la policía rumana practicó 34 registros domiciliarios y citó a declarar a 21 personas en relación con presuntos amaños en la Liga 3, la tercera categoría del país.

En la máxima categoría, el centrocampista del CFR Cluj Damjan Djokovic y el abogado del club, Ioan Ivașcu, están siendo investigados por el departamento de integridad de la Federación Rumana de Fútbol. El foco está en una tarjeta amarilla que Djokovic vio en el minuto 77 del Botoșani-CFR Cluj del 19 de diciembre de 2025, un partido en el que, según se informó, se habrían apostado unos 800.000 euros a esa amonestación concreta.

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Ninguno de los dos casos ha derivado en una condena. Ambos tendrían que encajarse, con la normativa actual, en delitos de fraude o corrupción.

Un contexto europeo al que Bucarest se adhirió

Rumanía firmó el Convenio de Macolin del Consejo de Europa el 13 de diciembre de 2024, el tratado que pide a los Estados tipificar el amaño de partidos en su derecho penal. Firmar no es ratificar, y la reforma del Código Penal no ha llegado detrás.

En otros países, el caso italiano del Calciopoli de 2006, que llevó al Juventus al descenso a la Serie B por un escándalo de influencia sobre árbitros, sigue siendo la referencia continental de hasta dónde puede llegar una red de amaños en una liga de máxima categoría. Más recientemente, la fiscalía turca detuvo a 32 personas, entre ellas altos cargos de varios clubes de la Süper Lig, en una investigación de apuestas y amaños que no deja de ampliarse y que arrancó a finales de 2025.

El proyecto de Cristian pasa ahora al pleno del Senado, con la Cámara de Diputados como última parada.

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