El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo más de 167.000 detenciones en las 11 ciudades estadounidenses sedes del Mundial y sus alrededores en los meses previos al torneo, de las cuales aproximadamente 10.000 se produjeron en un único periodo de cinco días a finales de junio, mientras se disputaban partidos, según un informe conjunto publicado el martes.
El documento, de 50 páginas y titulado «El beneficio por encima de las personas: el Mundial masculino de la FIFA 2026», fue publicado por Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe, con la contribución de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y otros miembros de la coalición.
«El Mundial de 2026 dejó al descubierto cómo las prioridades y el rumbo marcados por la cúpula de la FIFA anteponen el beneficio a las personas», afirmó Andrea Florence, directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance.
El torneo, disputado en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio, fue el más grande de la historia de la competición, con 48 selecciones y 104 partidos. El informe sostiene que el acceso al mismo estuvo condicionado por la situación económica, la nacionalidad, el estatus migratorio, la discapacidad, la identidad de género y las circunstancias políticas.
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Las restricciones de viaje de Estados Unidos, que afectaban a ciudadanos de más de 39 países, sumadas a lo que los autores describen como las entradas más caras de la historia del Mundial, dejaron fuera de los estadios a numerosos aficionados del Sur Global. En México, la policía utilizó gases lacrimógenos contra manifestantes cerca de los recintos; en Canadá, las ciudades anfitrionas tomaron medidas para desplazar a las personas sin hogar.
Aficionados, excluidos de los estadios
Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, aseguró que los organizadores fallaron al público del que depende este deporte.
«Se trató a los aficionados como objetos que explotar, en lugar de como el corazón del juego», afirmó Evain.
Los aficionados con discapacidad se encontraron con barreras de accesibilidad que, según el informe, incumplían la normativa, entre ellas la falta de asientos gratuitos para acompañantes. Más de 65.000 personas habían firmado una petición de Amnistía Internacional para exigir a la FIFA que actuara antes del partido inaugural.
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Jugadores y periodistas, también afectados
Al menos ocho jugadores participaron en el torneo mientras tenían causas pendientes por agresión sexual, según el informe, sin que la FIFA contara con un marco transparente de elegibilidad. A miembros de la selección de Irán se les retrasaron o denegaron visados, y al árbitro somalí Omar Artan se le impidió entrar en Estados Unidos tras un interrogatorio de 11 horas en la frontera.
Dos periodistas fueron detenidos en México durante el torneo. Reporteros Sin Fronteras USA, que forma parte de la coalición responsable del informe, puso el foco en la gestión que el organismo rector hizo del acceso de la prensa.
«La falta de claridad de la FIFA sobre la acreditación de medios, la coordinación con los procesos de visado y la actitud despreocupada hacia las ruedas de prensa pusieron de manifiesto el incumplimiento por parte de la FIFA de la obligación de respetar los derechos humanos», afirmó Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras USA.
Frank Conde Tangberg, asesor de políticas en Amnistía Internacional, también participó en el informe.
«La unidad y la alegría que vimos sobre el césped y en las gradas estaban a años luz del miedo y la división que se vivían fuera de los estadios», afirmó Tangberg.
Lo que los autores exigen a la FIFA
La coalición reclama que los acuerdos de la FIFA con los países anfitriones de futuros torneos incluyan condiciones vinculantes y exigibles en materia de derechos humanos, junto con un marco centrado en las víctimas que regule qué deportistas y dirigentes pueden competir cuando tienen pendientes acusaciones graves de conducta indebida.
También exige la reinstauración de un Consejo Asesor independiente de Derechos Humanos, una Comisión de Ética reformada y un Fondo de Reparación permanente. Las exigencias se dirigen directamente a los candidatos de las elecciones a la presidencia de la FIFA de 2027.
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