Wout van Aert and Mathieu van der Poel caught up in disturbing privacy scandal

Wout van Aert y Mathieu van der Poel, envueltos en un inquietante escándalo de privacidad

El exempleado municipal que utilizó el padrón electoral de La Louvière para consultar los domicilios de Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y otros 27 ciclistas profesionales…

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Entre enero y septiembre de 2023, un funcionario del ayuntamiento de La Louvière utilizó discretamente el sistema informático municipal para averiguar dónde vivían algunos de los grandes nombres del ciclismo.

La lista que fue repasando, escuchada el lunes por el tribunal penal de Mons, se lee como una hoja de salida de una clásica de primavera: Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Greg Van Avermaet, Arnaud De Lie, Victor Campenaerts y Oliver Naesen, entre un total de 30 ciclistas profesionales.

Lo que consultaba era el padrón electoral, un registro al que un funcionario municipal puede acceder para tareas electorales. Siguió recurriendo a él mucho más allá de ese cometido.

«Al principio era por motivos electorales. Después se convirtió en una curiosidad malsana. Quería saber dónde vivían los ciclistas», declaró ante el tribunal.

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La denuncia que destapó el caso

El uso indebido del padrón no lo detectó ninguna auditoría de seguridad. Salió a la luz a raíz de un incidente aparte.

En julio de 2023, una mujer ajena al ciclismo, cuya dirección el funcionario también había consultado, presentó una denuncia por acoso sexual después de que se presentara sin avisar en su domicilio, según Escape Collective. Cuando los investigadores revisaron sus registros de actividad, las búsquedas iban mucho más allá de aquella visita y de todo lo que exigía su trabajo.

Unos simbólicos 400 euros

Van Aert y su mujer, Sarah De Bie, se personaron en la causa como parte civil. Su reclamación es deliberadamente modesta: 400 euros que, según afirman, irán destinados a fines benéficos.

«Para ellos es un asunto serio. Desean preservar su intimidad, sobre todo por su notoriedad», declaró su abogado ante el tribunal.

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El fiscal solicitó 120 horas de trabajos comunitarios, alegando que el acusado carece de antecedentes.

La Louvière le retiró el acceso informático, abrió un expediente disciplinario y lo despidió el 13 de mayo de 2024. Afronta un procedimiento penal aparte por la denuncia de acoso.

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