La Administración de Donald Trump sostiene que una amplia reforma legislativa podría proteger el futuro del deporte universitario estadounidense. Dos organizaciones que defienden a sus deportistas ven otro riesgo: las nuevas normas podrían dificultar que los jugadores negocien sus ingresos, sus cambios de universidad y sus condiciones de trabajo.
La disputa se intensifica mientras la Protect College Sports Act se acerca a una votación definitiva en el Senado. La Casa Blanca ha respaldado formalmente el proyecto y argumenta que unas reglas nacionales reducirían la incertidumbre jurídica y ayudarían a preservar los deportes femeninos, olímpicos y otras disciplinas que no generan grandes ingresos. Trump apoya la medida, presentada por un grupo bipartidista de senadores encabezado por el republicano Ted Cruz y la demócrata Maria Cantwell.
Los grupos de jugadores cuestionan la promesa de protección
Brandon Copeland, director ejecutivo de Athletes.org, considera que el Congreso está interviniendo antes de que los deportistas hayan conseguido un lugar real en la mesa de negociación. «Les está quitando a los deportistas herramientas de negociación que de otro modo tendrían», declaró en entrevistas publicadas por Fox Sports. Jason Stahl, director ejecutivo de la College Football Players Association, fue igual de directo: «Este proyecto de ley se está elaborando sin la participación de los deportistas, y se nota».
Su objeción se centra en quién fija los límites. El último borrador publicado permitiría un primer cambio de universidad sin perder el derecho a competir, pero generalmente obligaría a pasar un año sin competir tras un segundo traslado. Hay excepciones, entre ellas la salida del entrenador principal. También permitiría a universidades y organismos deportivos aplicar determinadas normas sobre remuneración, traslados y elegibilidad sin infringir por ello la legislación antimonopolio. Esa protección jurídica se limita a las normas contempladas en el proyecto.
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Sus defensores sostienen que esa seguridad jurídica es necesaria para mantener los equipos menos rentables y, al mismo tiempo, permitir que los deportistas ganen dinero con su nombre, imagen y semejanza. El 23 de septiembre, el comité del Senado presidido por Cruz destacó el apoyo de varios deportistas universitarios en activo, entrenadores y organizaciones deportivas. Los atletas, por tanto, no tienen una postura unánime. Copeland y Stahl representan a grupos que temen que las restricciones entren en vigor antes de que los jugadores puedan negociarlas colectivamente.
El respaldo de Trump aumenta la presión
La Administración ha vinculado el proyecto a los esfuerzos de Trump por reformar el deporte universitario. Según una confirmación de la Casa Blanca publicada por el Washington Examiner, el presidente también tiene previsto asistir el sábado al partido de fútbol americano entre Texas y Tennessee. Su presencia lo situaría ante dos grandes programas universitarios cuyos deportistas y dirigentes tienen un interés directo en la redacción de las nuevas normas.
El 22 de septiembre, el Senado votó por 70 a 21 a favor de seguir adelante con el debate de una enmienda sustitutiva. Fue un paso de procedimiento, no la aprobación definitiva. Mientras continúan las negociaciones, la cuestión central es si los deportistas a quienes la ley promete proteger tendrán suficiente voz en el sistema que se está diseñando.
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