«Rara vez, si es que alguna, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido a un tribunal federal que no crea al presidente en ejercicio. Y, sin embargo, aquí estamos.»

Esa frase, extraída del fallo de 70 páginas emitido el martes por la jueza federal Ana Reyes, impide a la administración Trump talar más árboles en East Potomac Golf Links, en Washington D. C., y obliga al Gobierno a notificar por escrito con diez días hábiles de antelación cualquier «modificación irreparable» del campo público centenario. Más de 400 árboles fueron talados durante el fin de semana del Día de Colón, y la jueza concluyó que la demolición se había llevado a cabo de mala fe.

Reyes fue explícita sobre lo que el caso era y no era. Escribió que ella «no es el Lorax» y que no hablaba en nombre de los árboles, y señaló que el tribunal «habla únicamente en nombre del Estado de Derecho». Antes en el fallo observó que «esto empezó como un caso sobre golf. Ese buen paseo echado a perder. Pero se ha convertido en mucho más».

Trump: cerrará igualmente el 15 de noviembre

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que la jueza «no tenía derecho» a paralizar el proyecto y que East Potomac cerraría el 15 de noviembre para renovarse y reconstruirse por motivos «Competitivos (¡frente a otros proyectos similares!), de Seguridad, Modernización y Estética». Ha dicho que el campo, rediseñado por el arquitecto Tom Fazio dentro de un plan del departamento del secretario del Interior, Doug Burgum, reabriría en unos 15 meses y estaría preparado para acoger eventos como el U.S. Open, el PGA Championship, la Ryder Cup y la Presidents Cup.

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El Departamento de Justicia se apresuró a poner en marcha el cierre antes de que la tinta se secara. En un escrito judicial, el procurador general adjunto Stanley Woodward dijo al tribunal que «Interior, actuando a través de sus abogados, está trabajando para desarrollar un plan que implemente esa indicación y lo notificará a este Tribunal». A las pocas horas de la publicación de Trump, el Departamento de Justicia había presentado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. del Circuito de D. C.

La demanda tras la orden judicial

La demanda fue presentada por la D.C. Preservation League y dos golfistas locales, representados por Skye Perryman, de Democracy Forward. Los demandantes sostienen que la administración intenta sustituir un campo público histórico, abierto desde 1920 y situado en terrenos del Servicio de Parques Nacionales, por unas instalaciones de campeonato de corte privado, y que para ello eludió la revisión medioambiental federal. Reyes concluyó que los demandantes tenían probabilidades de prosperar en su afirmación de que el Gobierno había violado la Ley Nacional de Política Medioambiental al fragmentar su evaluación.

La administración ya había intentado, sin éxito, apartar a Reyes del caso: una moción presentada a principios de octubre para destituirla por una supuesta conducta «flagrante» fue rechazada.

Qué ocurre el 15 de noviembre

El Departamento del Interior está diseñando el cierre. Una vez que el campo cierre al público, la orden judicial preliminar seguirá vinculando a la administración: no podrán talarse más árboles, y el tribunal deberá ser notificado con diez días hábiles de antelación de cualquier otro cambio en las calles, los búnkers u otros elementos mientras el recurso esté pendiente en el Circuito de D. C.

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