Un nuevo decreto ejecutivo del presidente Donald Trump está ejerciendo una nueva presión sobre los líderes del deporte universitario, al proponer límites a nivel nacional sobre cuánto tiempo pueden competir los atletas y con qué frecuencia pueden cambiar de institución.

Firmada el viernes, la directiva insta a la NCAA a limitar la elegibilidad de los atletas a cinco años y a restringir a la mayoría de los jugadores a una sola transferencia sin perder una temporada de competición. De implementarse, los cambios entrarían en vigor el 1 de agosto.

Según un comunicado de la Casa Blanca, la administración sostiene que el sistema actual se ha vuelto inestable. “El deporte universitario no puede funcionar sin reglas claras y consensuadas sobre la compensación por participación y la elegibilidad de los jugadores que no puedan ser impugnadas indefinidamente en los tribunales”, afirma el comunicado.

El decreto también describe reformas más amplias, incluida la creación de un registro nacional de agentes de jugadores y medidas de protección destinadas a evitar que las universidades reduzcan la financiación de los programas deportivos femeninos y olímpicos para compensar los costos de remuneración de los atletas.

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Preocupaciones legales y cuestiones de aplicación

Sin embargo, la propuesta ya enfrenta escepticismo. Abogados que representan tanto a universidades como a atletas dijeron a ESPN que esperan que el decreto enfrente impugnaciones legales inmediatas, especialmente en relación con la autoridad presidencial y la legislación antimonopolio.

La aplicación también podría resultar difícil. El decreto sugiere que las instituciones que infrinjan las nuevas normas corren el riesgo de perder financiación federal, una táctica que la administración Trump ha utilizado en otras áreas políticas con resultados dispares.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, dijo que aún no había revisado el decreto en su totalidad, pero indicó que algunas partes coinciden con las conversaciones en curso entre la NCAA, los legisladores y los funcionarios federales.

“Hay varias cosas ahí que son bastante coherentes con los temas que hemos estado tratando con ellos y con el Congreso”, dijo Baker.

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Al mismo tiempo, subrayó que un cambio duradero probablemente requerirá la intervención del Congreso en lugar de depender únicamente de la autoridad ejecutiva.

“Necesitamos la acción del Congreso para, por así decirlo, cerrar el acuerdo en varios de estos temas”, afirmó Baker, añadiendo que resolver disputas únicamente a través de los tribunales puede llevar años y generar incertidumbre para las universidades y los atletas.

Un sistema bajo presión

El decreto ejecutivo llega en un momento de gran agitación en el deporte universitario. Desde una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que dejó claro que la NCAA está sujeta a las leyes antimonopolio, la organización ha tenido dificultades para hacer cumplir los límites sobre la compensación y la movilidad de los atletas.

Ahora los atletas se transfieren con mayor libertad y han impugnado cada vez más las restricciones de elegibilidad en los tribunales, transformando el panorama competitivo.

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A pesar de años de debate, el Congreso aún no ha aprobado una legislación integral que regule el deporte universitario. Los legisladores siguen divididos en cuestiones clave, especialmente en si los atletas deberían ser clasificados como empleados y poder negociar colectivamente.

La senadora Maria Cantwell dijo que el decreto pone de relieve preocupaciones persistentes, pero subrayó la necesidad de una solución legislativa.

“El Congreso debería continuar manteniendo debates bipartidistas sobre cómo aumentar los ingresos para alcanzar estos objetivos”, afirmó.

Por ahora, el decreto deja sin resolver varias cuestiones importantes, incluido el estatus laboral de los atletas y cómo las universidades deberían compartir los ingresos procedentes de lucrativos acuerdos de derechos de transmisión.

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Fuentes: ESPN, Casa Blanca

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