El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha incoado un procedimiento extraordinario contra el FC Barcelona por el interés del club en el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. La decisión fue comunicada a ambos clubes el jueves, 30 de julio, y no el 28 de julio como se había informado previamente. La apertura del expediente inicia una investigación formal y no establece que el Barcelona haya infringido ninguna norma.
La denuncia del Atlético desencadena una investigación formal
El Atlético presentó su denuncia ante la RFEF y la FIFA el 30 de junio, acusando al Barcelona de “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”. Álvarez, de 26 años, llegó al Atlético procedente del Manchester City en 2024 y tiene contrato con el club madrileño hasta 2030. Tenía 24 años cuando firmó, lo que significa que los primeros años de su contrato se encuentran dentro del periodo protegido de la FIFA para jugadores de entre 23 y 28 años.
El periodo protegido no equivale simplemente a una prohibición total de que los clubes rivales muestren interés por un jugador. Su importancia radica en que la normativa de la FIFA prevé sanciones deportivas más severas si se demuestra que un club ha inducido a un jugador a incumplir su contrato durante ese tiempo. El Atlético sostiene que el supuesto contacto del Barcelona con Álvarez y sus representantes cruzó la línea permitida.
Según el periodista de El País Pablo Bini, el comité de disciplina ha nombrado un juez instructor que podrá examinar documentos y comunicaciones y escuchar las pruebas de las partes implicadas. El Atlético ha insistido repetidamente en que Álvarez no está en venta y sigue confiando en la sustancial cláusula de rescisión de su contrato. El club también ha intentado reparar la relación del delantero con los aficionados tras sus comentarios sobre su deseo de un traspaso durante el Mundial.
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El Barcelona prepara su defensa
El Barcelona ha confirmado que recibió la notificación de la federación. Fuentes del club consideran la apertura del procedimiento como la respuesta estándar a una denuncia formal y confían en que su equipo legal pueda demostrar que no se infringió ninguna normativa. El club catalán está ahora preparando su alegato a la espera de conocer el plazo para presentar sus argumentos.
La investigación se centrará en la naturaleza y el momento de cualquier contacto entre el Barcelona y el entorno del jugador. También deberá establecer si esas conversaciones constituyeron negociaciones prohibidas o un intento de persuadir a Álvarez para que rompiera su contrato. Hasta que ese proceso se complete, las alegaciones del Atlético siguen sin probarse.
Sanciones graves siguen siendo posibles
No se ha impuesto ninguna sanción ni al Barcelona ni a Álvarez. Sin embargo, las normas de traspasos de la FIFA, tal como describe EFE, permiten que un club sea sancionado con la prohibición de inscribir jugadores durante dos ventanas de traspasos consecutivas si se demuestra que ha inducido a un futbolista a romper un contrato durante el periodo protegido. Cualquier sanción en este caso dependería de las conclusiones del instructor y de los argumentos presentados por el Barcelona.
El procedimiento, por lo tanto, añade un obstáculo legal significativo a un traspaso ya de por sí difícil. El Atlético sigue decidido a retener a Álvarez, mientras que el Barcelona debe ahora defender su conducta antes de que cualquier posible movimiento pueda considerarse en términos puramente deportivos y financieros.
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